Lo que debe de cambiar
reformas estructurales.
Todo lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se ha ido en vender dichas
reformas estructurales como la gran panacea; la solución de todos los grandes
problemas del país, pero detrás de todo este ruido reformista hay mucho de
teatro y la gran duda de cómo serán aplicadas finalmente todas esas reformas,
más las que se le ocurran, porque ahora se habla inclusive de una reforma cultural.
El país funcionaría bastante bien si el
sistema político que tenemos en teoría funcionara. Lo mismo sucedería si los
gobiernos desempeñaran eficientemente sus funciones y en general las
instituciones sociales cumplieran cada una su quehacer, sin propósito de abuso,
de corrupción, de simulaciones y de pretextos.
El pasado domingo 6 de julio se renovó el
Congreso del Estado, al elegirse a sus 16 diputados de mayoría relativa y
definirse los otros nueve de representación proporcional. El abstencionismo
electoral fue de un 60 por ciento, principalmente como consecuencia del
desplome del voto panista, pero además de cierto desaliento en torno al sistema
democrático, algo que se ha venido acentuando durante los últimos años. Existe
una especie de hartazgo con un sistema que sigue entregado a vicios viejos; que
nunca termina de concretar un cambio sustancial que nos instale en un régimen
plenamente democrático.
Reformas de un tipo y de otro; reformas
para todo y por todo, pero si en México se diera verdaderamente la división de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tendríamos un avance
extraordinario.
En penoso decirlo pero al nivel de los 32
estados del país, difícilmente hay uno donde opere una división de poderes ya
no digamos plena sino apenas aceptable. Pasan los gobiernos y las décadas y el
ejecutivo sigue mandando sobre los congresos locales, no de una manera sutil
sino abierta, obvia, lo que naturalmente provoca en el ciudadano común que
considere a los diputados como figuras inútiles y decorativas. De hecho, de
acuerdo a todos los sondeos de opinión, la figura del diputado es la peor
calificada entre todas las del sector público, lo que tiene razones muy bien
fundadas.
Si no cambiamos en lo esencial no tienen
sentido tantas reformas “estructurales”, porque además falta que se cumplan en
este país de simulaciones.