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Por: La redacción/Agencias
En medio de un panorama desalentador para
los duranguenses, en donde diariamente se pierden cientos de hectáreas de
bosque, en donde el peligro latente de incendios es una amenaza de una gran
catástrofe ecológica, en donde razas indígenas como los tepehuanos, huicholes y
mexicaneros, son víctimas de grandes explotadores que sólo ven en el bosque
duranguense una forma más de incrementar su riqueza, nace en 1970 una empresa
maderera, que cuatro décadas después se transformó en un emporio de la
industria del papel.
Así en 1970, los hermanos Miguel, José
Antonio, Ignacio, Jesús, Wilfrido y Mayela, todos ellos de apellidos Rincón
Arredondo, fundan una pequeña empresa maderera y de transportes forestales, que
40 años después es una corporación internacional denominada Grupo Industrial
Durango, Sociedad Anónima (GIDUSA).
A la empresa se han sumado otros
industriales como Antonio Madero Bracho, Antonio Araiza Cañadilla, Alfonso
Fernández de Castro y Ángel del Palacio Elizondo, éstos dos últimos
identificados con las supuestas mejores familias de la sociedad durangueña
capitalina.
Los hermanos Rincón Arredondo han sido,
como otros poderosos empresarios, “soldados del PRI”. Por muchos años han
financiado a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a la
presidencia de la república y a nivel estatal a gobernadores y legisladores.
Sus favores, sus relaciones y su poder
económico los han convertido en intocables, por lo menos dentro del estado de
Durango, donde representan el único gran consorcio industrial fuera de la
región lagunera.
Aún y cuando las denuncias en contra de la
empresa por extracción ilícita de recursos silvícolas han sido graves, ninguna
ha prosperado, pues el sistema judicial del estado ha protegido a los
empresarios predilectos, a costa de un severo y grave deterioro ecológico.
El 19 de agosto de 1990, los indígenas de
Mezquital y Pueblo Nuevo, municipios en donde se encuentra la mayoría de la Sierra
Madre Occidental que atraviesa Durango, denunciaron que GIDUSA, así como la
empresa Impregnadora del Guadiana, propiedad de la familia Rosas Solórzano,
estaba extrayendo ilícitamente el recurso silvícola.
En la década de los noventa el problema de
sobreexplotación de los bosques era grave, pues el entonces encargado del Plan
Consultivo Estatal Tepehuano, Huichol y Mexicanero, Francisco González,
reconoció que el 50 por ciento de la zona boscosa propiedad de los indígenas
estaba devastada.
El total de la superficie forestal de México es de 141 millones de hectáreas, el
estado de Durango es después del estado de Chihuahua el que tiene mayor
extensión boscosa, sumando un total de 4 millones 989 mil 401 hectáreas. Se
constituye también en la primera reserva forestal del país, con 410 millones de
metros cúbicos rollo total árbol.
El estado aporta el 30% de la producción
forestal a nivel nacional en la especie pino y de la sierra de Durango, año con
año, se extraen, en números oficiales, 1.8 millones de metros cúbicos rollo
total árbol, dicha remoción se distribuye supuestamente en un 50% para los
ejidatarios, el 20% para las comunidades y 30% para los pequeños propietarios.
De acuerdo a la Secretaría de Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Durango tiene en reservas arriba de
500 millones de metros cúbicos de rollo total árbol, pero se reconoce que no se
cuenta con la infraestructura adecuada y hasta hace poco no había proyecto de
gobierno para rescatar la sierra.
LOS FAVORES DEL GOBIERNO
FEDERAL
El Grupo Industrial Durango ha incrementado
su patrimonio a la sombra del poder central y de algunos altos funcionarios.
En la década de los setenta GIDUSA compra
empresas madereras del Grupo Chihuahua, lo que lo convirtió en uno de los
principales grupos forestales del país.
En la década de los ochenta y parte de los
noventa ingresa a la industria de la producción de celulosa. De forma
simultánea adquiere el Grupo Atenquique, Papeles Monterrey, Industrias
Centauro, Compañía Papelera de Guadalajara y Papelera de Texcoco.
Pasando por el escándalo en 1987 diputados
del Congreso de la Unión y el propio sector empresarial señalaron que hubo
favoritismo en el proceso de licitación de la empresa paraestatal Atenquique,
pues de entrada se cambió la convocatoria inicial para que ingresaran otros
compradores y sobre todo anticipadamente se dio a conocer al ganador: Grupo
Industrial Durango, quien pago 45 mil
millones de viejos pesos y colocó las acciones de Atenquique en la Bolsa
Mexicana de Valores, a través del grupo Inverlat.
En ese entonces , el director adjunto de
Nacional Financiera, Eduardo Amerena, aseguró que la empresa era sana y con
utilidades, y descartó que el gobierno federal la haya vendido por su mal
estado financiero, lo cierto es que las irregularidades nunca se aclararon pues
el entonces Secretario de la Contraloría de la Federación, Ignacio Pichardo
Pagaza, no dio respuesta a la investigación aún y cuando reconoció que aclarar
las dudas en torno al proceso de adjudicación era parte de sus funciones, nada
se supo.
Lo cierto es que esta ventajosa compra le
dio el impulso a GIDUSA para entrar en lo que podría denominarse como las ligas
mayores del medio empresarial. Los años siguientes serían, aun con los
contratiempos de la economía mexicana, de un constante crecimiento. Hoy las
cosas son muy distintas.
En México se coloca entonces como una de
las empresas forestales más importantes del país y según registros de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el principal productor de
celulosa y papeles cafés, además del fabricante más importante de México en
empaques y envases de papel. Logra colocarse como una de las 25 empresas
mexicanas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Desde entonces han sucedido
muchas cosas en la composición de GIDUSA, pero el origen fue definitivamente el
apoyo y la complicidad del gobierno central y los estatales.
El problema es que el crecimiento de la
riqueza de los Rincón Arredondo ha ido de la mano de la devastación ecológica
de la biósfera estatal.
Aunado a la explotación irracional del
bosque que esta industria duranguense ha generado en el aspecto silvícola, en
la década de los ochenta produjo un fuerte problema ecológico, pues entonces la
Industria Celulósico Centauro contaminó severamente el Rio Tunal, a grado tal
que según autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, flora y
fauna de la región virtualmente se extinguieron.
El daño ocasionado a la hidrografía y a la
atmósfera, dejó huella en la región sureste del estado, pues varios kilómetros
a la redonda reflejan el deterioro ecológico que por más de 30 años ha
provocado la industria en la geografía de Durango.
A pesar de todo, GIDUSA siguió avanzando y a
través de la transformación de papel en artículos de mayor valor como empaques
de cartón corrugado, impresos a color, sacos de papel, empaques, charolas
moldeadas y productos de consumo masivo, lo que le permitió en la década de los
noventa adquirir nuevas empresas identificadas a nivel nacional, entre las que
se puede mencionar a Titán, logrando así apoderarse al mercado nacional de
empaques.
Todavía en el gobierno de Ernesto Zedillo
Ponce de León, GIDUSA adquiere con fuertes irregularidades la empresa
paraestatal Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA). La empresa, que
representa el monopolio del papel periódico en México, fue vendida en el mes de
diciembre de 1998 en mil 114 millones de pesos; alrededor de 112 millones de
dólares, lo que era menos de la mitad de su valor en libros, la cual paga con
un crédito de 80 millones de dólares que
le otorgó Bancomext, cuando en principio no era sujeto de éste debido a las
deudas no pagadas con la institución, contraídas por medio de Fibras
Celulósicas, una filial del grupo.
Una historia ecológica sucia premiada por el
gobierno central y la complicidad de los gobiernos estatales.
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