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Por:
Sofía Romero
Torres López fue gobernador interino a la
salida de Humberto Moreira para ocupar la dirigencia nacional del PRI.
Anteriormente había sido encargado de las finanzas estatales y también exalcalde
de Saltillo. Es miembro de la familia López, propietaria del Grupo Industrial
Saltillo, considerada como la familia (en conjunto) más acaudalada de la
ciudad, socialmente intocable en todo sentido, en consecuencia es primo del
actual alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal.
Esto, que es una historia turbia,
escandalosa, rodeada de un escándalo financiero y político mucho mayor, debería
ser motivo de asombro y de indignación entre la sociedad coahuilense y de
manera más directa entre los habitantes de Saltillo, por la proximidad que
tienen con el personaje y la cubertura que le han dado los medios de
comunicación al caso, pero desconcertantemente hay en apariencia una actitud de
indiferencia; como si se tratara de hechos remotos, muy viejos o ajenos a la
administración pública del estado.
Para Jorge Torres López, quien se
comportaba con cierta indiferencia, hoy el asunto es un drama porque es muy
probable que termine en prisión, además de que está impedido permanentemente
para pisar territorio norteamericano, lo que en estas gentes es algo
considerado como traumático. Es posible que, acorralado, al exgobernador no le
quede más alternativa que entregarse a la justicia norteamericana, como lo hizo
el también extesorero Javier Villarreal, lo que le implicaría gastos de defensa
muy elevador; la pérdida de todo el dinero que le ha sido retenido por orden
del juzgado y verse sujeto a la vergüenza pública de pasar un tiempo en
prisión. Esta alternativa parece inminente pero se desconoce la postura del
exgobernador, sin embargo las cosas parecen orientarse hacia allá, entretanto
el PRI nacional sigue jugando con eficiencia la campaña de desinformación que
tiene como máxima la idea de que “en Coahuila no pasa nada extraordinario”, más
ahora que tienen el caso de Tamaulipas donde varios exgobernadores enfrentan
también cargos por delitos tan graves como lavado de dinero, fraude a las arcas
públicas, asociación con el crimen organizado y lo que les resulte.
Pero volvamos al inicio: ¿Por qué la
sociedad estatal y local asume una postura de indiferencia aparente ante hechos
tan graves? ¿La contra campaña que busca desmontar el escándalo ante la opinión
pública es tan eficiente? Si es apatía espontanea estaríamos ante una muy
lamentable pérdida de la calidad cívica de nuestra sociedad.
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