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Por:
Jacobo Santacruz
Los hermanos Antonio y Salomón Juan Marcos
Issa aprendieron el camino del enriquecimiento ilícito a partir del
financiamiento de campañas electorales, y de la relación con personajes claves
de la política local, estatal y federal.
Salomón (1948, Torreón, Coahuila)
inicialmente se desempeñó a la sombra de su hermano Antonio, desarrollando
negocios modestos de maquila de confección textil en los años ochenta,
aprovechando las relaciones que tenía su hermano Antonio en el medio
gubernamental federal.
Inicialmente la razón empresarial que
manejo Salomón Juan Marcos Issa fue Comercial Waco, en sociedad con algunos de
sus hermanos, pero posteriormente comenzaría a montar otras empresas de mayor
tamaño, casi todas ellas dedicadas a la industria de la confección, como Bull
Demin. Posteriormente pasó a diversificarse con otras razones sociales, entre
las que figuran Inmobiliaria Puertas del Norte, Servicios Prestados a la
Industria Textil, Global Sourcing, Building Corporation de Jalisco, además de
empresas de servicios de transportación aérea de lujo.
En 1993 es un año clave en la carrera de
los hermanos Salomón Juan Marcos: se postula como candidato a la gubernatura de
Coahuila Rogelio Montemayor Seguy, quien mantenía una relación personal con
Antonio Juan marcos quien, junto con sus hermanos, hace una labor intensa de
recaudación de recursos financieros para la campaña electoral. Al llegar al
poder en 1994, Rogelio Montemayor Seguy designa a Antonio Juan Marcos como su
Secretario General de Finanzas y le otorga un margen de maniobras casi
ilimitado.
Salomón intensifica su actividad
empresarial a la sombra de Antonio y en el 1996 decide incursionar directamente
en la política, al postularse como candidato a la alcaldía de Torreón, pero no
obstante todo el dinero que invierte en la campaña, pierde frente al panista
Jorge Zermeño Infante, lo que le manda de regreso a los negocios “privados”,
pero en 1999 se suma como promotor financiero a la campaña de Enrique Martínez
y Martínez y obtiene nuevamente la candidatura a la presidencia municipal de
Torreón, en este caso cobijado por la imagen del candidato a gobernador. Logra
el triunfo y se convierte en presidente municipal.
Para ejercer el cargo llama a un grupo de
amigos y asesores personales, como Alejandro Gidi y Rogelio Barrios Cázares. En
términos generales haría un gobierno de medio pelo, pero en el ámbito
empresarial duplica su fortuna, solo que lo hace sin dejar mayor rastro a
través de especialistas en contabilidad y asuntos fiscales.
En ese mismo año su hermano Antonio
brinca a las “grandes ligas” de los negocios en México. Rogelio Montemayor
Seguy es designado como Director General de Pemex y designa a Antonio Juan
Marcos como su encargado de asesores. Pese a la desgracia de Rogelio
Montemayor, quien se tuvo que enfrentar el llamado “pemexgate”, Antonio
permanece en la paraestatal y funge con asesor principal de los directores
generales Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Carzo, ambas administraciones con
señalamientos de quebrantos millonarios en contra de la paraestatal.
A principios del gobierno de Vicente Fox
–aunque hay indicios de que fue un poco antes- funda, junto con sus yernos, los
Reynoso Durand, la empresa Blue Marine Technology Group, una empresa diseñada
para la prestación de servicios a gran escala a la paraestatal Pemex-. Desde
sus inicios la empresa, que crecería de manera vertiginosa, comenzó a obtener
contratos millonarios de Pemex, bajo la protección de sus directores generales.
Desde 2001 la Secretaría de la Función Pública (SFP) estaba ya tras la
información de Blue Marine Technology y sus subsidiarias.
En 2005 Antonio Juan Marcos y sus yernos ya
ostentaban públicamente una enorme operación financiera que realizó su empresa
con Pemex, al arreglar el arrendamiento de un buque petrolero de la empresa noruega Bergersen a 15 años por
758 millones de dólares, donde, sin tener la capacidad técnica ni la experiencia
en el ramo petrolero, se embolsó utilidades aproximadas del 30%. Según lo
documentaron algunos medios de prensa de la ciudad de México, otro caso
registrado por la Secretaría de la Función Pública fue el de 6 contratos
adjudicados directamente por Ramírez Corzo en 2005 por más de mil 500 millones
de pesos, por el arrendamiento de varios buques a la empresa danesa Torm, con
un daño al erario por más de 60 millones de pesos. Esto por citar solo un
ejemplo del modus operandi de las empresas de Antonio Juan Marcos Issa.
Para tratar de acallar algunas críticas y
la filtración de información sobre los negocios de Arrendadora Ocean Mexicana,
Blue Marine y Subtec, las empresas demandaron a la revista Contralínea; a las
reporteras Nancy Flores y Ana Lilia Pérez, y al caricaturista David Manrique,
quienes documentaron, en diversos trabajos periodísticos, irregularidades en
las contrataciones de Pemex, que posteriormente fueron confirmadas por los dos órganos de fiscalización
del país: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior de la
Federación.
En el juicio ordinario civil 492/2009, que
inició en septiembre de 2009, los empresarios acusaron que las publicaciones
periodísticas les habían provocado supuesto “daño a su persona, a su imagen,
honor y decoro”, así como “daño a la imagen, honor y decoro de sus empresas”,
en primera instancia el 3 de enero de 2010 la jueza 54 condenó a los
periodistas por el “uso abusivo de su libertad de expresión”, pero en julio de
2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, absolvió a la revista y
ordenó a las empresas el pago de gastos y costas del juicio.
De acuerdo a las investigaciones de
Contralínea, que posteriormente fueron corroboradas, a inicios de 2011, La
Secretaría de la Función Pública determino sanciones a Pemex Refinación por 47
millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buque tanques, donde,
de acuerdo a la dependencia se presumió que Arrendadora Ocean Mexicana –filial
de Blue Marine Technology Group- y Transportación Marítima Mexicana (TMM) “se
coludieron” para obtener los contratos.
Por este caso, la contraloría federal
inhabilitó a 14 funcionarios que
“manipularon la licitación y convinieron sobreprecio” en el arrendamiento de
las embarcaciones. Las sanciones suman más de 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con información oficial extraída
de la auditoría, el sobreprecio de 47 millones de dólares se originó porque se
“manipularon los estudios de costo-beneficio”. Para los contralores, 14
servidores públicos de Pemex Refinación participaron en los hechos y fueron
sancionados, pero Blue Marine Technology Group continúa operando como prestador
de servicios de Pemex a gran escala y Antonio Juan Marcos Issa es considerado,
en compañía de sus yernos, como parte de la élite empresarial del país.
LOS
SOBRINOS, SIGUIENDO LOS PASOS
En 2009 Salomón prosiguió su carrera
política en Coahuila al convertirse en diputado local, un cargo que parecería
modesto para su poder económico y sus expectativas políticas. Se desempeñó, de
manera anodina, como encargado de la Comisión de Hacienda, de la cual depende
la revisión de las cuentas de todos los ayuntamientos del estado y del
ejecutivo. A veces iba; a veces no, dependiendo el tiempo que le dejaran libres
sus negocios.
En 2011 termina el cargo pero convierte a
su hijo Antonio Juan Marcos Villarreal en diputado local; esto es que se
intercambian los puestos, con el propósito de llevarlo a la presidencia
municipal de Torreón.
En
2012, contra la voluntad de Rubén Moreira Valdés, pero utilizando sus
relaciones en la ciudad de México –específicamente los nexos de la familia con
Televisa- se coloca como candidato a una diputación federal, cargo que
actualmente desempeña.
En enero de este año el diario Reforma de
la ciudad de México destapó un nuevo escándalo de corrupción de la familia Juan
Marcos, al dar a conocer un supuesto fraude fiscal por mil 650 millones de
pesos perpetrado por los hermanos Antonio y Salomón Juan Marcos Villarreal. La
investigación, que corrió por cuenta del SAT, señala que la dependencia inició
una serie de visitas domiciliarias a las compañías, ubicadas en su mayoría en
la Comarca Lagunera. De acuerdo con la información proporcionada por Reforma,
algunas de las empresas involucradas son Comercial Waco, Inmobiliaria Puertas
del Norte, Bull Denim, Servicios Prestados a la Industria Textil, Global
Sourcing y Building Corporation de Jalisco.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
denunció ante la PGR al diputado del Congreso de Coahuila, Antonio Juan Marcos
Villarreal y a su hermano Salomón por presunto lavado de dinero, un delito
mucho más graves que la simple evasión de impuestos, de acuerdo a la
información proporcionada por el diario Reforma.
La UIF presentó la demanda contra todos los
implicados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), desde el pasado 7 de noviembre de 2012, por
operar con recursos de procedencia ilícita.
Dentro de la acusación de delito de lavado
de dinero también se encuentran contemplados dos tíos de los hermanos Salomón y Antonio: Fernando y Luis
Juan Marcos Issa. Luis Juan Marcos Issa es presidente de la Cámara Nacional de
la Industria del Vestido en La Laguna y Fernando Juan Marcos trabaja como
representante legal de la empresa productora de ladrillos, Industria Bala, en
Gómez Palacio, Durango.
Reforma publicó que el Gobierno Federal se
encontraba investigando un fraude por 1,650 millones de pesos. El Servicio de
Administración Tributaria, descubrió desde la administración del expresidente
Felipe Calderón Hinojosa, que algunas empresas textileras tramitaron
devoluciones millonarias con documentos que se presumen como falsos y
triangulando dinero en bancos de Estados Unidos.
Otra de las personas sujetas a
investigación es Francisco Javier Villarreal Gómez, quien trabajó como
subsecretario de Desarrollo Social bajo el mandato de Humberto Moreira como
gobernador de Coahuila, por recibir dos transferencias giradas a favor de la
empresa Innova Servicios Industriales y Constivigo.
Jaime Alberto Ramírez Valdez Gómez Palacio,
empresario minero, también se encuentra siendo investigado por haber recibido
transferencias económicas giradas a favor de la compañía Bull Denim.
El diario Reforma da a conocer tres de los
expedientes consignados por la PGR en
relación con fraudes fiscales que suman 217 millones de pesos, además la
dependencia ha conseguido 29 órdenes de aprehensión, sin embargo hasta el
momento no ha ejercido ningún tipo de acción penal contra algún miembro de la
familia Juan Marcos.
Las capturas van contra los ejecutivos de
Servicios Prestados a la Industria Textil por una cifra de 158 millones 222,237
pesos por devoluciones tributarias que resultaron fraudulentas y que fueron
registradas entre los meses de marzo y diciembre de 2008.
Otra de las consignas es contra los mandos
de Comercial Waco, empresa que cobró devoluciones presuntamente realizadas con
documentos falsos, registrando la cifra de 39 millones 551,613 pesos, entre
enero y julio de 2009.
Un tercer expediente es el de Global
Sourcing de México S.A de C.V., por el monto de 19 millones 420,451 pesos por
devoluciones tributarias fraudulentas de enero a marzo de 2009, informó el
periódico.
Han transcurrido ya seis meses desde que se
interpuso oficialmente la denuncia en contra de los hermanos Antonio y Salomón
Juan Marcos Villarreal. El primero de ellos se ha escudado en su fuero y no hay
ningún proceso en el Congreso del Estado de Coahuila que dé respuesta a la
situación jurídica de uno de sus legisladores. Francisco Dávila, presidente del
PRI en Torreón tuvo el desparpajo de afirmar que la acusación en contra de los
Juan Marcos no le causaba ningún perjuicio a su partido, aún en tiempos
electorales, mientras que la noticia ha desaparecido de los medios de
comunicación regionales y estatales, pese a que la PGR tiene en su poder 29
órdenes de aprehensión en su poder. Salomón Juan Marcos Issa se escuda también
en su fuero de diputado federal, mientras sus hijos evaden la justicia no se sabe bajo la protección de quien o de
quienes, lo mismo que la ha librado Antonio Juan Marcos Issa en sus enormes
negocios con Pemex.
Aunque no se ha dado a conocer la lista
completa de las 29 órdenes de aprehensión ha trascendido, dentro del mismo
círculo político local, que se encuentran en ellas varios laguneros
involucrados con los Juan Marcos, varios de ellos muy conocidos dentro del
medio empresarial y social de La Laguna.
Los tiempos cambian pero la política se
resiste a cambiar sus viejas y viciosas prácticas: Corrupción e impunidad, en
este caso bajo un binomio que ha sido una constante desde el inicio: la
colusión político-empresarial. Y lo mismo va para el PRI que para el PAN.
EL DINERO Y LA POLITICA
Por: Jacobo Santacruz
Al término dela jornada electoral de 1996,
el día de la entrega de resultados por la noche, Salomón Juan
Marcos Issa,
empresario y candidato del PRI la presidencia municipal de Torreón, le pidió a
su chofer que lo llevara a su casa.
Después de atravesar entre un numeroso grupo de cabizbajos seguidores, no pudo
contener las lágrimas.
En esa campaña gastó millones de
pesos, los que no pudieron revertir la
irritación ciudadana hacia el gobierno priista saliente. Su carrera dentro de
la administración pública era corta y su experiencia política aún más limitada,
pero era hermano del Secretario General de Finanzas del gobierno estatal de
Rogelio Montemayor Seguy, Antonio Juan Marcos Issa.
Tres años después, en 1999, mediante pactos
desconocidos hasta hoy y nuevamente apoyado en su dinero, volvió a presentarse
como candidato a la presidencia municipal y en esta ocasión sí gano a un novato
oponente del PAN.
Católico de misa y comunión, amigo de curas
y arzobispos, puritano aparente en muchos aspectos de su vida personal, Salomón
mostró en el ejercicio del gobierno el mismo talante que ha desplegado en sus
negocios y los de su familia: el pragmatismo y la corrupción.
La tónica del trienio anterior fue el
tráfico de tierras en la ciudad. Para los actores de la política local, la
amistad que los hermanos Salomón y Antonio Juan Marcos mantuvieron con Montemayor Seguy, implicó
nexos comerciales en torno al desarrollo urbano de Torreón.
El mejor ejemplo lo aportó el proyecto de
la planta tratadora de aguas residuales. En 1995 el ayuntamiento, a través de
SIMAS, consideró el ejido Santo Niño Aguanaval, en Matamoros, Coahuila, como el
sitio idóneo para asentar la obra. Para efectuarla, Montemayor designó a
Salomón como su director ejecutivo, quien en ese momento era delegado de la
Sedesol. No obstante, la planta se abandonó pese al desembolso de casi 100
millones de pesos y fue hasta finales de 1999, a un paso de asumir la alcaldía,
cuando se retomaron los trabajos, pero en otra ubicación: 170 hectáreas del
ejido Rancho Alegre. Toda la infraestructura
en Santo Niño Aguanaval quedó enterrada.
Coincidentemente, en las mismas fechas, se
comunica la creación del Club Campestre Montebello, que comprende 230 hectáreas
del ejido Zaragoza. Un fraccionamiento suntuoso y exclusivo donde la tierra que
había sido despojada a los campesinos paso a costar 200 dólares el metro
cuadrado y se financió además la creación de un parque industrial. Dentro del
medio empresarial era de dominio público que sus propietarios públicos –los
Lázaro Bello- eran socios de Rogelio Montemayor, por lo menos esa era la
presunción.
El colmo del cinismo se dio en una reunión
de cabildo, donde subrepticiamente se pretendió traspasar la asignación de
tierras que debía hacer el Club Montebello al municipio, por otras sin ningún
valor, ni siquiera para que el Coproder las dispusiera para vivienda de gente
de muy escasos recursos económicos.
Un caso casi similar se exhibió en el ejido
San Antonio de los Bravos, donde por años se llevó a cabo un juicio agrario por
la falsa constitución de una sociedad mercantil llamada Ciudad Nazas San
Antonio, S.A de C.V.
Para avalar las obras, que inclusive
invadieron la parcela escolar, considerada como un bien inajenable y por tanto
con una medida precautoria como amparo, se edificó el departamento de Seguridad
Pública Municipal en terrenos con el litigio agrario, y en más de una ocasión
elementos policíacos de manera ilegal intervinieron protegiendo lotes,
golpeando y deteniendo campesinos que se atrevieron a defender su patrimonio.
Las constructoras involucradas: Vamonte,
Acolsa,Torreón Inmobiliaria y Prohabi. Casi todos los empresarios que cerraron
ventas de tierras en el trienio se encargaron de asegurar la adquisición de
pozos de agua: un ejemplo se da en las tierras que constituían el ejido La
Joya. Conseguido casi en su totalidad por Aldo Díaz, los pozos fueron regateados a los campesinos, que
al no querer verse envueltos en problemas, los cedieron por 4 mil pesos
repartidos entre todos los “beneficiarios” ejidales.
La riqueza de los Juan Marcos iba en
ascenso. El 6 de junio de 1999, unos
meses antes de que Salomón asumiera el cargo de presidente municipal de
Torreón, se constituyó la razón social Servicios Aéreos Demin, inscrita con el
número 3171 del folio 41, Libro 23-B del Registro Público de la Propiedad de
Gómez Palacio. Como en la constitución de otros negocios, se da el mismo
esquema: Salomón Juan Marcos Villarreal, hijo mayor del alcalde, aparece como
socio mayoritario con 95 por ciento de las acciones, en tanto que el ingeniero
Jaime Alberto Ramírez Valdés Gómez Palacio se le asigna el 5 por ciento. Se
presenta como comisario de la sociedad al C.P. Roberto Gómez Jáuregui pero
queda en el anonimato cómo está conformada en términos reales la Asamblea
Ordinaria de Accionistas.
El semanario Proceso, en su edición de
internet y después en su número 1362, fechado el 8 de diciembre de 2002, dentro
de un artículo que se refería a otro tema y fuera de contexto, hizo la siguiente
mención: “(hay un) hijo del alcalde con licencia de Torreón…, quien con menos
de 30 años (de edad) se transporta en un avión Hawker 125-800XP, que tiene un
costo de 13 millones de dólares –uno de los mejores del mundo- …hace poco más
de 30 días compró una residencia en Vail, Colorado, con un costo de 3 millones
700 mil dólares, según consta en el reporte Vail Daily que aparece en enternet
desde el 14 de septiembre último (2002). La casa fue adquirida a la empresa
constructora Jacek Mo Kosson. Y continúa en el siguiente párrafo: “Marcos
Villarreal es dueño de la maquiladora Denim, la cual está en crisis financiera,
pues actualmente tiene menos de 300 empleados a su servicio…”.
Cuando Antonio Juan Marcos Issa asumió el
cargo de Secretario General de Finanzas en el sexenio de Rogelio Montemayor
Seguy, a finales de 1993, Salomón Juan Marcos era un empresario de nivel medio,
sin embargo la empresa base –Comercial Waco, S.A de C.V- fue fundada apenas en
1990, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Gómez Palacio,
bajo el número 13271 del tomo 21, con fecha de registro 30 de marzo de ese año.
El capital social fue de 100 millones de viejos pesos, de los cuales 80
correspondieron a Salomón, 5 a Margarita Juan Marcos Issa, 5 a Eduardo Abraham
Issa Habib, 5 a Ricardo Jaun Marcos Issa y 5 más a Elías Juan Marcos Issa.
Era el principio, en los siguientes años
crecerían a lo grande. En 1995, con una inversión millonaria funda la empresa
Industrial Denim, dividiendo la propiedad a partes iguales entre su hijo mayor,
Salomón Juan Marcos Villarreal y Luis Mario García Fraire, nombrado el primero
como administrador único. Esta compañía fue registrada bajo el número 1120,
folio T 22-B del Registro Público de la Propiedad de Gómez Palacio.
Apenas un año después, a finales de 1996,
lleva a cabo otra inversión millonaria para montar una gran planta, que fue
denominada como BULL-D, S.A de C.V. En este caso el 80 por ciento de la
propiedad fue fijada también a Salomón Juan Marcos Villarreal y el 20 por
ciento restante a Carlos Roberto Fayad Wolf. El auge de la maquila se
encontraba en su clímax y Salomón Juan Marcos tenía una fuente de recursos
financieros que parecía inagotable.
Aunque en su momento no hubo respuesta de
confirmación oficial, se visualiza a través del sitio de Internet www.kaltex.com.mx que han englobado sus
servicios comerciales en la compañía Denimex R, entonces recientemente creada y
“con casi cuatro años de experiencia en el mercado, dedicada a proveer los más
altos estándares de calidad. Integrada verticalmente, produce telas y prendas de mezclilla de clase mundial”. Con oficinas en
la ciudad de México y en Nueva York, y plantas en diferentes sitios de la
república mexicana, fabrican mezclilla en gran variedad de pesos: en
diferentes tonos de sulfuro e índigos, con hilos de anillo y open end y diversidad de ligamentos en
100% algodón y mezcla con viscosa y Licra R. Para ello se tiene una capacidad
de corte instalada con sistema Gerber, plotters
digitales y el sistema de flujo Eastman, que dan como resultado 500 mil
unidades de prendas por semana.
Las operaciones se efectúan en plantas de confección equipadas
para elaborar jeans, pantalones casuales, shorts, chamarras, boxers y camisas.
DenimexR asimismo cuenta con lavandería y
las instalaciones de acabado incluyen el teñido en modalidades de reactivo,
directo, pigmentos e índigo, así como planchado permanente y todos los aspectos
del procesamiento de mezclilla en húmedo, incluyendo el “sandblasting”.
Es así como se puede garantizar un paquete
completo a tiendas o boutiques en cualquier lugar de México o los Estados
Unidos de Norteamérica.
¿Dónde se encontraban las diferentes
plantas ubicadas en la República Mexicana? Eso siempre se lo reservaron
celosamente. ¿Era la famosa “marcha al sur” que financió el gobierno federal de
la época? Lo cierto es que la mezcla de política y empresas ha sido una mina de
oro para los Juan Marcos, que ahora están en problemas por sus excesos de corrupción,
aunque siguen, no se sabe por cuánto tiempo más, amparados por la impunidad y
ahora por el fuero legislativo.
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