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Por: La redacción
La mayoría de los gobiernos municipales
están imposibilitados para hacer frente, por sus propios medios, a las
organizaciones del crimen organizado; son, de hecho, el eslabón más débil de la
cadena y una de las causas principales que explica el grave problema de
inseguridad que se vive al nivel de los estados y de las diferentes regiones y
municipios tanto de Coahuila como de Durango.
La región lagunera, ubicada por el
Observatorio Nacional Ciudadano como la cuarta región más violenta del país, es
un ejemplo de la problemática que enfrentan los municipios para poder hacer
frente, por sus propios medios, a las organizaciones del crimen organizado que
llevan a cabo la casi totalidad de los delitos de alto impacto: homicidio
doloso, secuestro, extorsión, asalto a mano armada y robo de autos.
De los más de 12 municipios que integran la
región, solo Torreón, el más grande de ellos, cuenta con los recursos y la
infraestructura para sostener una policía propia y certificada que, con la
ayuda del gobierno estatal, el ejército y la Policía Federal, pueden participar
activamente en las campañas y planes en contra de la inseguridad, pero esto
significa un alto riesgo para el propio presidente municipal y para varios
funcionarios de su administración.
Los municipios medianos y pequeños no
tienen los recursos suficientes, lo que los vuelve extremadamente vulnerables a
las presiones de las organizaciones criminales, colocando a los alcaldes en una
posición de riesgo casi semejante a la de cualquier otro ciudadano, además de
impedir que cumplan con la función de asumir la seguridad de sus propios
municipios.
Las organizaciones del crimen tienen como
una de sus características el ser estructuras con un alcance nacional, que
rebasan inclusive el ámbito territorial de los estados, además de contar con
recursos financieros, logísticos y de armamento muy superiores a los de
cualquier entidad municipal, por lo menos en lo que hace a recursos financieros
y de inteligencia, lo que les permite sujetar a los funcionarios municipales a
la ley de “corrupción o plomo”; una disyuntiva que ordinariamente termina en la
opción de la corrupción o, en el mejor de los casos, de la renuncia a la
función gubernamental de aplicar la ley y ejercer la fuerza legítima sobre el
crimen, lo que se traduce como impunidad para todas las operaciones de la
delincuencia.
Detrás de la estadísticas de la
inseguridad, de la irritación ciudadana y de una cotidianidad que se esfuerza
por cubrir las apariencias y continuar la vida diaria, no se puede pasar por
alto que en el área metropolitana los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, que
conforman el grueso de la población de La Laguna de Durango, están desde el año
antepasado sin policía propia y sin reclusorio, después de que las fuerzas
federales indicaran la desaparición de las corporaciones municipales por estar
bajo el control del crimen organizado, lo mismo que el reclusorio. Para cubrir
la función de seguridad el ejército tomó el lugar de la policía, cumpliendo una
función que en teoría no les compete por un tiempo que se supone limitado, en
tanto se reconstruye, desde cero, una policía certificada y equipada, algo que
se está manejando con demasiada lentitud en la opinión de los observadores, en
buena medida por la pobre voluntad política del gobierno estatal que dirige
Jorge Herrera Caldera, quien prefiere seguir recargando la responsabilidad en
el ejército y en el apoyo de la Policía Federal, no obstante los alarmantes
índices que se han registrado durante 2013 en Gómez Palacio y Lerdo en delitos
de alto impacto como el robo con violencia y el robo de vehículos, además del
secuestro y la extorsión.
De hecho se han invertido 300 millones de
pesos para construir las instalaciones del 72 regimiento de infantería del
ejército, el cual se ubica en La Laguna de Durango, cuando ya en Torreón se
localizan las instalaciones de la XI zona militar, que cubre a una región muy
amplia de los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua. El problema es que la
solución al problema de la seguridad, de base, se encuentra al nivel de los
propios municipios, más que de las estructuras militares y la policía federal,
como lo demuestran muchas otras regiones del país. El caso más extremo es el
estado de Michoacán, donde las estructurar gubernamentales del estado y los
municipios se encuentran en gran parte en la ingobernabilidad, ante el caos que
ha provocado una sola organización del crimen organizado.
LA
DEBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS
La mayoría de los alcaldes de municipios
chicos como San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero o Lerdo, desempeñan sus
funciones bajo la amenaza constante y
personal del crimen organizado. Es algo cotidiano que reciban “advertencias” y
amenazas directas para que no interfieran en las actividades delictivas a
través de los pobres cuerpos policiacos, en caso de que estos existan. Casi
todos optan por mantenerse al margen de los operativos de seguridad y colaboran
con las autoridades estatales y federales solo a través de reuniones, en
calidad de meros asistentes en el caso de que sean convocados. Ninguno de ellos
dispone de un aparato de seguridad que lo proteja a él y a su familia en caso
de que no atienda a las amenazas que se le hagan.
Hay al menos un caso documentado de un
alcalde que fue víctima de un asalto al salir de su casa en un fraccionamiento
residencial ubicado al norponiente de la ciudad de Torreón, donde los
delincuentes lo despojaron de su camioneta, aun después de haberse identificado
como presidente municipal. No fue objeto de agresión física porque no opuso
resistencia al asalto. Al momento de despojarlo los asaltantes se comunicaron
con el cabecilla del grupo, quienes les dio la orden de seguir adelante.
Si en los municipios chicos los gobiernos
municipales y alcaldes se encuentran en condiciones de indefensión, en los
municipios pequeños como Mapimí o Tlahualilo, por citar solo dos casos, no son
ni tan siquiera tomados en cuenta por las organizaciones criminales, que pueden
realizar cualquier tipo de actividad en sus territorios sin tener problemas de
ninguna naturaleza con los pobrísimos y casi simbólicos cuerpos policiacos.
El problema más grave para todos los
alcaldes es contar con un cuerpo policiaco municipal que esté certificado en su
confianza, libre de infiltraciones o, lo que es sumamente común, a disposición
del propio crimen organizado, lo que es ya un avance muy importante, pues de
otra manera se vive, literalmente, “con el enemigo en casa”, lo que es no solo
extremadamente peligroso para la ciudanía sino para el propio alcalde y sus
funcionarios. Hay casos muy trágicos que
ejemplifican el riesgo en que viven los alcaldes, algunos de los cuales pueden
sufrir agresiones directas o inclusive perder la vida, como ya ha sucedido en
el pasado inmediato.
El caso de Gómez Palacio, un municipio
mediano pero el segundo en importancia del estado de Durango, es un ejemplo de
los niveles de corrupción a que pueden llegar los organismos policiacos y el
riesgo que corren los propios alcaldes (la anterior alcaldesa, Rocío Rebollo,
recibió un atentado en su propia casa aun cuando no había emprendido ninguna
acción contra los intereses de las organizaciones criminales). El caso se
repite en otros municipios medianos del estado de Coahuila pero a un nivel
menos crítico.
Según lo declaró a los medios antes de
terminar su periodo, el anterior alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro,
cuando asumió el cargo se encontró con un cuerpo policiaco completamente
infiltrado, donde los mandos medios le pedían la cabeza del director de la
propia corporación policiaca (Bibiano Villa, un general retirado del ejército
mexicano), a lo cual se negó y fue el inicio de una purga inmediata para
despedir a gran parte de los elementos policiacos infiltrados, lo que dio paso,
durante todo el periodo de gobierno, a varias amenazas de muerte en contra del
propio Eduardo Olmos Castro, quien vivió su mandato permanentemente custodiado
por un aparato de seguridad. Al término de su periodo continúa utilizando un
aparato de seguridad personal casi tan grande como cuando era alcalde.
Durante este mismo periodo de Olmos Castro
la policía municipal, que ahora está bajo el mando del teniente Adelaido
Flores, fue víctima de una gran cantidad de atentados y tuvo 47 bajas mortales
como consecuencia de estos, lo que es un costo demasiado alto para un municipio
que apenas rebasa los 500 mil habitantes.
FORTALECER
LOS MUNICIPIOS
En lo que es una afinación de la estrategia
nacional en contra de la inseguridad, el gobierno federal mexicano, en acuerdo
con el gobierno norteamericano, ha enfocado una mucho mayor atención y recursos
financieros, técnicos y de inteligencia para fortalecer la capacidad de los
municipios, en lo que es un trabajo de base para construir una estructura que
verdaderamente atienda el problema de la inseguridad de raíz. El siguiente
nivel que recibirá más recursos y apoyo son los gobiernos estatales.
Fueron los servicios de inteligencia
anticrimen del gobierno norteamericano los que llamaron inicialmente la
atención sobre este cambio de estrategia. En la opinión de sus expertos,
mientras los gobiernos municipales estén a merced del crimen organizado no
habrá una solución posible, de ahí que la ayuda norteamericana se haya
diversificado, pasando de una ayuda consistente en armamento y recursos
técnicos, a otra de inteligencia y apoyo estratégico amplio de base.
Otro cambio sustancial en la estrategia de
seguridad nacional es eliminar como prioridad la captura de líderes o
cabecillas de las organizaciones criminales, por una política de trabajo de
base en la comunidad y la estructura municipal, algo que ha venido a reforzarse
con el caso de Michoacán, donde el crimen organizado permeó sus actividades hasta
las comunidades rurales y expandió la extorsión, el secuestro y las formas más
extremas de la delincuencia a todos los ámbitos sociales; desde la clase alta
económicamente pudiente hasta los jornaleros recolectores de limón y aguacate,
a quienes imponía una cuota por cada caja recolectada de la fruta.
Hoy, el escenario a nivel nacional para los
gobiernos municipales de los estados y regiones con fuerte presencia del crimen
organizado es crítico. Los alcaldes no pueden ejercer las funciones propias del
gobierno que dirigen, porque enfrentan a una criminalidad que los rebaza; los
amenaza; en algunos casos aislados los llega a privar de la vida o, con mucha
frecuencia, los corrompe para que estos cooperen con las actividades delictivas
a través de la simulación o, peor aún, por medio de la participación de los
cuerpos policiacos en las actividades delictivas de una manera directa. Este es
el escenario extremo que se da en muchas regiones del país y en estados como
Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, por citar solo algunos
ejemplos.
El caso de Michoacán es un espejo en el que
se pueden ver estados como Durango si no adoptan medidas y no asumen con
suficiente voluntad política y recursos la problemática de los municipios. Se
cita a Durango porque es un estado con una geografía propicia y una composición
rural importante en la mayoría de sus 39 municipios, pero Coahuila también
tiene problemas serios, los que se han vuelto más graves en la región lagunera
a partir de 2007.
Tanto en la parte de Coahuila como en la de
Durango los gobiernos municipales son de reciente formación, lo que implica que
están justo a tiempo de asumir las nuevas estrategias para el combate a la
delincuencia organizada. Desde municipios grandes y mediano hasta los más pequeños;
los primeros porque cuentas con los recursos financieros y humanos suficientes,
y los segundos con el apoyo de los gobiernos estatales, que deben aplicar
recursos y programas de respaldo tanto preventivo como correctivo.
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